Un banco privado mediano con sede en Quito detectó, a través de nuestro monitoreo permanente, un incremento inusual de menciones en redes sociales que vinculaban a la entidad con supuestos problemas de liquidez, originadas en un comentario ambiguo hecho por un usuario en un foro financiero y amplificado después por cuentas anónimas. En cuestión de horas, capturas de pantalla del comentario original circulaban en grupos de WhatsApp con un tono alarmista, sin ninguna evidencia que respaldara la afirmación.
El riesgo era doble: por un lado, una posible fuga de depósitos si el rumor escalaba; por otro, la obligación regulatoria de reportar cualquier situación que pudiera afectar la percepción de estabilidad ante la Superintendencia de Bancos del Ecuador. El banco necesitaba desmentir con datos concretos, pero sin sobrerreaccionar de una forma que alimentara aún más la desconfianza.
Activamos nuestro protocolo de gestión de crisis en menos de tres horas desde la primera alerta: elaboramos junto al equipo financiero del banco un comunicado técnico con cifras verificables de liquidez y solvencia, coordinamos su publicación simultánea en los canales oficiales y en los mismos grupos y perfiles donde se había originado el rumor, y monitoreamos en tiempo real la conversación para identificar y contactar a los nodos que más amplificaban la desinformación, solicitando rectificación cuando correspondía.
En 72 horas, el volumen de menciones negativas cayó de forma sostenida y no se registró ningún movimiento atípico de retiro de depósitos. El banco documentó todo el proceso como parte de su protocolo interno de gestión de riesgo reputacional, ahora replicable ante futuros incidentes.
