El fundador y CEO de una fintech de crédito digital con sede en el norte de Bogotá vio cómo, en menos de 72 horas, una publicación viral en redes sociales acusaba a su plataforma de aplicar tasas de interés usureras a usuarios de bajos ingresos. El hilo, compartido miles de veces, mezclaba capturas de pantalla editadas con testimonios reales de clientes morosos, y saltó rápidamente de redes sociales a portales de noticias digitales y a un segmento en un noticiero nacional.
La compañía se encontraba en la fase final de una ronda de financiación Serie B con un fondo de venture capital internacional, y el comité de inversión tenía programada su debida diligencia reputacional para la semana siguiente. Una búsqueda del nombre de la fintech en Google mostraba ya, en los tres primeros resultados, titulares vinculándola con prácticas de cobro agresivo. El riesgo no era solo de imagen: la Superintendencia Financiera de Colombia había abierto un requerimiento de información preliminar a raíz de la polémica.
Nuestro equipo desplegó en 48 horas un protocolo de contención: auditamos la totalidad de las tasas y contratos cuestionados para preparar una respuesta documentada y verificable, coordinamos con el equipo legal la respuesta formal a la SFC, y trabajamos con periodistas especializados en economía para ofrecer contexto y cifras contrastadas. En paralelo, lanzamos una campaña de contenido educativo y testimonios verificados de clientes satisfechos para reequilibrar la conversación en buscadores y redes.
En seis semanas, la narrativa había virado: los resultados negativos salieron de la primera página de Google, la SFC cerró el requerimiento sin sanción, y la ronda Serie B se cerró con los inversionistas originales, que citaron la gestión de la crisis como una señal positiva de madurez corporativa.
